Llegó la noticia que las familias afectadas tanto temían. El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del viernes 18 de febrero de 2022 recoge la Orden 268/2022, de 7 de febrero, de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, “por la que se reordena y amplía el número de unidades de Centros de Educación Infantil de primer y segundo ciclo”. Increíblemente, bajo esta premeditadamente confusa, por no decir tramposa, redacción, se encuentra la decisión de acabar con las escuelas públicas de la Comunidad de Madrid que integraban el primer (0 a 3 años) y el segundo ciclo (3 a 6 años) de educación infantil en la misma escuela. En total, son nueve las escuelas afectadas, situadas en los barrios de Usera, Carabanchel, Vallecas, Tetuán y Hortaleza. La decisión tiene efecto inmediato.

Con esta orden se consuma la anunciada intención de la Comunidad de Madrid de trasladar a los colegios de primaria la totalidad de los segundos ciclos de infantil que se mantenían en la capital dentro del sistema público. Esta decisión se ha tomado a pesar de la oposición expresada desde las escuelas, la comunidad educativa y las familias afectadas, que tenían sus razones para haber elegido este modelo de educación pública del que ahora son despojadas. Las consecuencias serán inmediatas, muy especialmente para las familias cuyos hijos e hijas comenzarán en el próximo mes de septiembre el segundo ciclo de infantil, pues se verán en la obligación en esta primavera de buscar y encontrar una alternativa educativa, una situación con la que, al menos en gran parte de los afectados, no contaban cuando comenzó este curso.

Esta decisión es tomada en el marco de una estrategia de ampliación de las plazas disponibles para el primer ciclo de educación infantil, de 0 a 3 años, pues todas las plazas destinadas hasta ahora al segundo ciclo en las citadas escuelas se convertirán en nuevas plazas de primer ciclo. Se trata de una estrategia de minimizar al máximo posible el coste de la inversión necesario para el aumento de plazas. Para un fin necesario, como es la ampliación de la oferta de plazas educativas públicas de educación infantil, se toma una resolución injusta, que perjudica a la infancia, a las familias y a los equipos educativos, a quienes les cae la imposición sin establecerse cauces que puedan frenarlo.

En lugar de haber primado la conservación de escuelas públicas que se han mostrado como proyectos educativos de gran relevancia, se opta por el criterio cuantitativo de sumar más plazas sin preguntarse qué se queda en el camino. En fechas muy recientes, una portavoz de las familias afectadas acudió a la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid para reclamar “la necesidad de basar la política educativa en evidencias científicas, no en metros cuadrados”.

Lamentablemente, la voz de las familias no ha sido atendida por el consejero de Educación, Enrique Ossorio, y el director general de Educación Infantil y Primaria, José Ignacio Martín Blasco. Lo cierto es que mientras la ciudadanía asistía estupefacta a la tragicomedia interna del PP estatal y madrileño, con papel protagonista para la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso, se emitían órdenes que perjudicaban a la infancia madrileña y sus familias.

La imposición ha caído como un jarro de agua helada sobre las familias afectadas, que preparan nuevas movilizaciones con las que expresar su descontento, su rechazo y su esperanza en poder revertir la situación.

> Consulta el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid que recoge esta Orden.

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– La Jara no se toca: las familias protestan por el posible cierre parcial de esta escuela infantil de Usera – 21 de noviembre de 2021.