¿Qué significa esta cifra?
7.291 es el número de personas que fallecieron entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2020 en centros sociosanitarios (residencias de ancianos y de personas con discapacidad) de la Comunidad de Madrid sin haber accedido a atención hospitalaria, según han difundido algunas voces que ahora señalaremos.
Esto es, recordemos, en el momento en el que estalló en Madrid la pandemia de la covid-19.
En total, en ese período de tiempo, en esos dos primeros y demoledores meses, murieron 9.470 personas que vivían en residencias para personas mayores y/o personas con discapacidad. Las 2.179 restantes sí habrían accedido a atención hospitalaria. El porcentaje de quienes no tuvieron esa fortuna, en realidad ese derecho, alcanza el 77%.
En este punto es necesario aclarar que esto no significa que todas estas personas (ni las 9.470, ni las 7.291) fallecieran aquejadas por el coronavirus. Sobre la cifra total de muertos entre quienes vivían en residencias durante esos dos meses, 5.795 estaría confirmado que murieron a causa de la covid o con sintomatología compatible con esta enfermedad. Las restantes habrían muerto, en principio, como consecuencia de otras patologías, pero igualmente sin haber recibido atención hospitalaria.
El 3 de marzo de 2020 se produjo en Madrid la primera muerte de una mujer que vivía en una residencia de ancianos a causa del coronavirus. Se llamaba Carmen Rosa, como reveló El País en 2021, tenía 99 años y sí fue atendida en un hospital. A partir de ahí, se desencadenaría aquel tsunami que golpeó con especial virulencia a este tipo de centros.
La cifra de 7.291 personas muertas en residencias sin acceso a atención hospitalaria fue revelada por el periodista Manuel Rico en el medio digital Infolibre en los últimos días de julio de 2020. El dato fue proporcionado por el propio Gobierno madrileño, como respuesta a la pregunta del citado medio, realizada sobre la base de la exigencia de transparencia institucional, para clarificar el número de muertes que se habían producido en las residencias en esos dos meses. Concretamente, habría sido ofrecido desde la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que encabezaba Alberto Reyero, del partido político Ciudadanos, que gobernaba en coalición junto al Partido Popular. Así lo reconocía el ex consejero, por ejemplo, en esta columna escrita en marzo de este año en El País.
Dentro de un escenario marcado por la fatalidad, la clave de la indignación y de que este número se haya convertido en símbolo radica en los criterios presuntamente adoptados que habrían impedido que esas 7.291 personas tuvieran al alcance una atención hospitalaria. Existieron una serie de criterios de exclusión, recogidos en protocolos oficiales, que impidieron las derivaciones hospitalarias de muchos residentes.
El pasado domingo, 1 de junio de 2025, cinco años después, las asociaciones de familiares de los fallecidos entonces, se manifestaron en Madrid para exigir que se investigue y se esclarezca todo lo que rodeó a la adopción y aplicación de los citados protocolos, que se conocen popularmente, al menos en algunos ámbitos de la sociedad madrileña, como ‘protocolos de la vergüenza«, y sobre los que, seguramente, seguiremos hablando.