El miércoles 23 de septiembre de 2026, Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años de edad y con problemas de movilidad, fue desahuciada de su casa por la empresa inmobiliaria propietaria de la vivienda, el sistema judicial y la policía.

Maricarmen llevaba viviendo prácticamente toda su vida en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda de Madrid, muy cerca del Parque del Retiro. Desde hacía 71 años. La sociedad inmobiliaria Urbagestión, que adquirió la vivienda en el año 2018, quería aumentarle el alquiler de forma desorbitada, imposible de asumir para Maricarmen.

Centenares de personas, convocadas por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, acompañaron a Maricarmen en las duras horas previas a su desahucio y resistieron con ella, frente a la vivienda y en el interior del inmueble, intentando evitar un desalojo forzoso que finalmente fue ejecutado por una comisión judicial y la Policía Nacional, con 200 agentes convocados a tal efecto, según informó ABC.

Maricarmen tuvo que ser evacuada en camilla y necesitó ser trasladada en ambulancia al hospital Gregorio Marañón, donde quedó ingresada.

Urbagestión, la empresa inmobiliaria responsable del desahucio

El desahucio de Maricarmen se llevó a término en el cuarto intento. Los tres anteriores habían podido pararse, pero esta vez no fue posible. La empresa inmobiliaria que reclama la vivienda se llama Urbagestión Desarrollo e Inversión (URBAGESA). Según afirmó la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, y recogieron medios como RTVE, la empresa se negó a negociar ningún tipo de acuerdo que evitara el desahucio de la anciana.

En el año 1956, según informó RTVE, el padre de Maricarmen firmó el contrato de alquiler de esta casa del barrio de Retiro. A su muerte, su madre se subroga en este contrato y, mucho más tarde, en 2005, cuando ella fallece, se subroga en él la propia Maricarmen. Era un alquiler de ‘renta antigua’, con un precio fijo de alquiler mensual que se actualizaba año a año de acuerdo al IPC.

Es en el año 2018 cuando la propiedad es comprada por Urbagestión, empresa administrada por Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes. Esta compañía compra la vivienda a otra empresa inmobiliaria llamada Renta Corporación Real State, que a su vez se la había comprado en ese mismo año a la familia Lázaro, propietaria original del inmueble, según informó El Diario, entre otros medios. Estas operaciones de compra-venta se llevaron a cabo, hay que decirlo, sobre una vivienda que estaba habitada, desde hacía décadas, por la misma familia y, en esos mismos momentos, por la propia Maricarmen.

Desde entonces se abrió un proceso judicial, pues la empresa propietaria sostenía que Maricarmen no cumplía los requisitos para la subrogación del contrato y, en consecuencia, para mantener vigentes las condiciones de su alquiler. Urbagestión pretendió aplicar a la señora un incremento del precio del alquiler completamente inasumible para ella. En marzo de este año 2026, el Tribunal Supremo, finalmente, dictó sentencia a favor de la empresa.

La reacción social al desahucio de Maricarmen

Después de consumarse el desahucio y el traslado al hospital de Maricarmen, se convocó una concentración de apoyo a la mujer para esa misma tarde del miércoles 23 de septiembre en una ubicación muy simbólica: frente al edificio en la calle Martínez Campos del distrito de Chamberí en el que la Comunidad de Madrid ha comprado recientemente un sospechoso ático. Un inmueble de presente y futuro inciertos que ha constituido uno de los culebrones políticos del verano, pues mucho se ha especulado sobre si se había comprado para su uso y disfrute por parte de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La Delegación del Gobierno, cita El País, cifró en 10.000 el número de personas concentradas para protestar por el desahucio esa misma tarde.

El sábado 26 de septiembre, el Sindicato de Inquilinas de Madrid convocó una manifestación en el centro de la ciudad bajo el lema “Ni una Maricarmen más”. La marcha partió de la Puerta del Sol, para bajar por la calle de Alcalá hasta Cibeles y después dirigirse hasta las inmediaciones del Congreso de los Diputados. La manifestación fue muy concurrida, aunque las estimaciones de número de asistentes oscilan demasiado, entre los 25.000 que reconoció la Delegación de Gobierno en Madrid y los 300.000 que dijeron los organizadores. Nada nuevo bajo el sol.

La manifestación exigía, según informó Infobae, la aprobación por parte de los representantes políticos de lo que se denominó como ‘Decreto Maricarmen’, un paquete de medidas destinadas a aumentar la intervención de los poderes públicos en el mercado del alquiler y a brindar una mayor protección a las personas afectadas por los desahucios. En la marcha, se interpelaba tanto al Gobierno central como al autonómico.  

No se quedaron aquí las cosas. La manifestación del 26 de septiembre desembocó en el llamado, en esa misma jornada de sábado, a acampar en Sol para convertir esa jornada de lucha por la vivienda en una movilización permanente. La convocatoria registró una respuesta inmediata y las tiendas de campaña comenzaron a proliferar en la plaza más simbólica de la ciudad, precisamente frente a la sede del gobierno autonómico que preside Ayuso y en el mismo lugar en el que hace más de 15 años se produjo la histórica acampada del 15M y el movimiento de los indignados. En los siguientes días, el número de tiendas no hizo sino crecer. La acampada de Sol por el derecho a la vivienda contaba, pocos días después, el miércoles 30 de septiembre, con un total de “1.248 estructuras”, según publicaba El Diario.

Crónica en movimiento. Publicación original: 28 de septiembre de 2026. Última actualización: 28 de octubre de 2026. Todavía no hemos alcanzado a la velocidad de los hechos. Han seguido pasando cosas. Esta crónica sigue en construcción.